Tic toc: el reloj legislativo
Por Manuel Guadarrama | @ManuGuadarrama
¿Los diputados violan la Constitución impunemente? Una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados consiste en aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El artículo 74 de la Carta Magna establece que el PEF debe estar aprobado a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Claramente esto no pasó. Seguimos sin contar con el PEF 2020 ¿cómo es esto posible? ¿qué sanción hay para los legisladores? ¿qué implicaría no aprobar el presupuesto?
En el tiempo real, los diputados violan la constitución ya que el presupuesto no está aprobado pasada la primera quincena de noviembre. Lo hacen impunemente porque no existe ninguna sanción explícita para tal falta. En el caso extremo de que no se apruebe este año, se puede recurrir a la reconducción presupuestaria. Esta estrategia consiste en prorrogar la vigencia del paquete económico actual respecto algunos rubros de ingresos y gastos determinados. Es una medida transitoria que mejora la certeza sobre las finanzas públicas, pero que genera innumerables preguntas y problemas. Esperemos no tener que llegar a ella.
En el tiempo legislativo, los diputados aún están a tiempo de aprobar el presupuesto antes del 15 de noviembre. ¿Cómo es posible? El Derecho permite crear un tiempo paralelo. Una ficción jurídica que consiente en que el reloj de los diputados vaya a una velocidad menor. En un boletín de comunicación, la Cámara de Diputados informó que “la sesión del 6 de noviembre está abierta”, únicamente se declaró en receso, por lo que “la discusión y aprobación del PEF 2020 se realizará en esa misma sesión.” Esto quiere decir que nuestro presupuesto será aprobado a tiempo, una especie de Volver al Futuro con artilugio legal.
Independientemente de tecnicismos y ficciones, preocupa que aún no tengamos un presupuesto federal para el siguiente año. El no tener definido el destino de los recursos en el documento más importante de las finanzas públicas genera incertidumbre en la economía y rumbo del país. Es una muestra clara de la (in)capacidad de acuerdos y problemas de gobernanza que enfrenta el Gobierno federal.
Para la aprobación del PEF 2020 es necesaria una discusión que no se resuelve solamente a billetazos. El presupuesto federal no solo es un instrumento de gobierno, es una herramienta que permite exigir que los recursos públicos lleguen a los programas y proyectos necesarios para el bienestar de las personas, ayuda a conocer las prioridades de gasto de un Gobierno y a monitorear que el dinero público esté alineado con la atención de grupos vulnerables.
La discusión y acuerdos que tendrán que verse pronto se refieren no solo a cuánto dinero se destina a salud, educación, seguridad o inversión pública, también comprenden la necesidad de contar con Reglas de Operación que permitan conocer a los beneficiarios, evaluar el impacto de los programas sociales y disminuir la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Sin ellas no habrá una verdadera transformación.
Las expectativas no se cumplen solas. El Presupuesto de Egresos de la Federación es el primer paso para hacerlas realidad. Si el reloj legislativo ya se echó a andar, más vale que los diputados saquen provecho a cada minuto que transcurre.
Publicado por El Sol de México
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Coordinador del área de Finanzas públicas del IMCO. Sus principales temas de investigación son finanzas públicas, transparencia, políticas públicas, derecho administrativo y gobierno abierto. Miembro fundador de Bloomsbury Policy Group dedicado a la discusión y mejora de políticas públicas.
Previamente se desempeñó como Asesor Parlamentario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Consultor independiente para el International Financial Corporation del Banco Mundial (IFC) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Fue investigador del Centro de Estudios de Derecho Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e integrante asociado del Departamento Académico de Derecho. Ha impartido cursos de derecho administrativo y rendición de cuentas.
Es coautor del libro Gobierno Abierto. El valor social de la información pública, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Además, ha publicado diversos artículos sobre las finanzas públicas, gobierno abierto, la deuda en estados y municipios, así como de artículos sobre transparencia presupuestal en las revistas Este País, Central Municipal, Animal Político, CNN Expansión y la Silla Rota.
Abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Políticas Públicas por King’s College London (KCL).
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