LEY DE SEGURIDAD INTERIOR ¿Peor el remedio que la enfermedad?
BIOECONOMUNDO, por Rodrigo Diez de Sollano Twitter @DeSollano
En este momento, la participación activa de la sociedad civil es fundamental para lograr derogar la Ley de Seguridad Interior, aquí van algunas ideas de cómo podemos lograrlo:
Antecedentes
La Ley de Seguridad Interior (LSI) establece el procedimiento con el que el Presidente de México podrá ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, Fuerza Aérea) en cualquier lugar del país “cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a la amenaza” (1). También incluye las facultades y las acciones que pueden realizar las Fuerzas Armadas.
A pesar de las recomendaciones negativas de diversos organismos internacionales y nacionales mexicanos, así como de las opiniones contrarias a la (LSI) por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil, finalmente esta ley fue aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores y fue publicado el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017 con lo que la LSI quedó vigente.
¿Por qué la ONU cuestionó la LSI? (2)
La opinión del grupo de expertos de la ONU fue la siguiente:
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en una declaración conjunta.
“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”
“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”
“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señaló el grupo.
“El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.”
“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.”
“Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, dijo el grupo. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.”
Otros organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y Amnistía Internacional enviaron recomendaciones negativas respecto de la LSI al gobierno de México.
Posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
“Por la ambigüedad de su redacción, que podría provocar y promover la intervención de las Fuerzas Armadas en “cualquier actividad, en tanto la misma sea calificada de riesgo a la Seguridad Interior”, y porque esta “contraviene principios reconocidos Constitucionalmente”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció contra entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior y anunció que promoverá acciones para prevenir que se vulneren derechos humanos.”
De acuerdo con la CNDH, la Ley, promulgada por el presidente Enrique Peña el pasado 21 de diciembre, “posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el equilibrio constitucionalmente establecido entre las entidades, instituciones, órganos del Estado y poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.(3)
¿Cómo y por qué la LSI pone en riesgo mi seguridad y la de mi familia?
El uso discrecional de las Fuerzas Armadas, las cuales cuentan con facultades para investigar, detener, interrogar a las personas sin rendir cuentas a nadie (si acaso temporalmente al Presidente que será quien abrirá la “Caja de Pandora”) y sin control de las autoridades civiles. Esto facilitará la militarización de nuestro país y la violación de los derechos humanos. También existe la posibilidad de represión de manifestaciones pacíficas las cuales pueden ser calificadas a criterio del comandante en turno como “amenazas a la seguridad interior”. Por otra parte organismos tales como la CNDH podrán ser obligadas a entregar a las Fuerzas Armadas información de los casos de violación de Derechos Humanos.
¿Qué podemos hacer frente a la LSI?
Cholula (Puebla), fue el primer ayuntamiento que se inconformó contra la LSI e interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad porque considera que los artículos 7, 11 y 16 de la LSI violentan de manera flagrante su autonomía. El asunto fue turnado al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, quien deberá resolver si la controversia se admite o no a trámite (4).
Sería deseable que muchos ayuntamientos sigan su ejemplo, para lo cual los ciudadanos podemos escribir o hablar con nuestros respectivos Presidentes Municipales, para que a la brevedad (el plazo se vence el 21 de enero de 2018) presenten su queja ante la Suprema Corte. Si algunos Gobernadores estatales se animan a hacer lo mismo, daría más impulso a este asunto. Y claro, los ciudadanos podemos escribir o hablar con nuestro Gobernador sobre este tema.
Por otra parte es urgente que tal como lo anunció, la CNDH presente su acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Muchos correos de ciudadanos al presidente de este organismo, serían muy importantes para impulsar esta iniciativa.
Conforme al artículo 105 de la Constitución otra acción posible es que 1/3 de los diputados o senadores presenten la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte (5). Todavía es tiempo de que quienes votaron en contra de la LSI y alguno que otro que ponga en crítica su voto a favor, se unan para hacer esta promoción. Nuevamente se requieren cartas de los ciudadanos a los legisladores…
Ahora la participación ciudadana es muy importante porque podemos ayudar a inclinar la balanza de la justicia hacia el lado correcto.
Fuentes de Información
1. Ley de Seguridad Interior
2. www.hchr.org.mx Oficina del Representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU
3. Animal Político- dic/2017
4. sinembargo.mx- 12/ene/2018
5. Art. 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
