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LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y DERECHOS HUMANOS

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Ley de Seguridad Interior y Derechos Humanos

  • BIOECONOMUNDO, por Rodrigo Diez de Sollano
  • Twitter: @DeSollano

En octubre de 2015 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein hizo una visita a México. Durante su estancia en este país tuvo reuniones con altos representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluidos el Presidente de la República, los Secretarios de Relaciones Exteriores, de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, la Procuradora General de la República, el Jefe de la Policía Federal, el Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un grupo de Senadoras y Senadores y también el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de los Derechos Humanos.

Al término de su visita Al Hussein hizo una declaración y además emitió varias recomendaciones (1) al respecto de los Derechos Humanos en México. Entre otros puntos mencionó lo siguiente:

“…En el transcurso de estas reuniones, fui informado de significativos avances constitucionales y legales hechos durante los últimos cuatro años. Estos avances incluyen reformas constitucionales relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública, el combate a la corrupción, la desaparición y la tortura. Las nuevas legislaciones incluyen la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley General de Víctimas, la Ley de Amparo y más recientemente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Federal de Procedimientos Penales…”

“…(sin embargo) muchas de las personas con las que he hablado ilustraron una imagen muy desalentadora – y consistente – de una sociedad afligida por los altos niveles   de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos…”

“… Estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados. Por tanto no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta insegura – no obstante la baja en la tasa de homicidios y secuestros…”

“…Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto (de guerra o revolución), las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito.  Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes…”

“…Parte de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, que han hecho miserable la vida de mucha gente en varios de los 32 estados de la República. Condeno sus acciones sin reservas. Sin embargo, muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado…”

“…El corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que movilizan estos grupos está cooptando o corrompiendo instituciones clave, y en algunas regiones, está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel. La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar.

“…La confianza de la ciudadanía en las instituciones federales y locales fue seriamente resquebrajada por las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, ocurridos en Iguala, estado de Guerrero.

Entre las 14 recomendaciones que mencionó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sobresalen las siguientes:

• “…Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo…”

• “… Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza…”

• “… Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública…”

• “… Debida investigación de graves violaciones a los Derechos Humanos incluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas…”

• “… adopción de una ley nacional que establezca un registro unificado, de todo tipo de detenciones y personas privadas de la libertad, incluyendo medidas específicas de prevención para evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones…”

Desafortunadamente, en lugar de poner en práctica las recomendaciones de las Naciones Unidas, las acciones de las autoridades del Poder Ejecutivo y de los legisladores federales fueron en sentido contrario, con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) (2), recientemente aprobada, reforzando la participación de las fuerzas militares en actividades de seguridad interior (Art. 11 LSI), limitando la libertad de acción de las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) (Art.31 LSI) y vulnerando el derecho a la información de los ciudadanos (Art.9 LSI) y muchas otras fallas ya señaladas en artículos anteriores.

Lo anterior independientemente de la inconstitucionalidad de la LSI. Al respecto, en este momento tendremos que esperar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de declarar o no inconstitucional la LSI.

Mientras tanto es importante que las organizaciones civiles actúen para que las autoridades federales pongan en práctica las recomendaciones sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que México pueda cumplir con los Objetivos 2030 del Desarrollo Humano Sostenible (3) y NO sea “luz de la calle y oscuridad de su casa”, con bonitos discursos en la sede de la ONU en Nueva York y en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, mientras en nuestro país sucede lo anteriormente mencionado.

Autor: Rodrigo Diez de Sollano

Twitter: @DeSollano

Fuentes de Información

1. Recomendaciones a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Respuesta del Estado Mexicano- www.hchr.org.mx

2. Ley de Seguridad Interior- Texto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21/dic/2017

3. Portavoces de Paz

 

 

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