Por Circe Lucero López, Directora de Humanas Sin Violencia
Carta abierta a las Diputadas y los Diputados de la LXXIII Legislatura del Honorable Congreso de Michoacán:
Con todo respeto me avergüenzo como ciudadana de no contar con el respeto y representación de mis derechos como mujer en esta Legislatura y Honorable espacio. Lo cual resulta indignante porque mis contribuciones, responsabilidades y obligaciones económicas sostienen a 40 Diputados/as, personal administrativo, asesores/as, etc. quienes degradan en su conjunto no sólo a mí sino a todas las mujeres posicionándonos como personas de segunda clase en cuyo acto hay de facto una discriminación.
Resulta preocupante la profunda ignorancia y desconocimiento en materia de Derechos Humanos y la lucha que ha conllevado lograr avanzar para muchas y diversas mujeres nuestra defensa legítima y exigencia de acceso y cumplimiento de los mismos.
Estoy agotada y cansada de que en cada legislatura “las ocurrencias y las creencias” sean el marco que sostiene el invisible estado de derecho. De que esta tribuna sea el espacio para institucionalizar aún más la violencia en contra de las mujeres michoacanas, no solo sobre las que pueden y deciden su salud sexual y reproductiva sino también de todas aquellas que cuentan o no con servicios de salud integrales, los cuales de paso les recuerdo que deberían ser accesibles, profesionales, de calidad, con trato digno, ético y científico, pero principalmente con permanente suficiencia centrada en recursos financieros y humanos.
Es lamentable que bajo la cuestionable “defensa de la vida” se legitima la criminalización y los feminicidios hacia las mujeres, porque su base es el odio no la vida, no hay principio pro homine o pro persona sin la persona –sin las mujeres- no lo que tal vez pueda llegar a ser persona, discusión infinita cuyos argumentos científicos, laicos y bioéticos merecen ser difundidos como parte de una cultura en la que la ciudadanía debe ser informada independientemente de sus creencias.
Con esta iniciativa de reforma Constitucional, la cual no está orientada a la protección de la vida sino a la prohibición del aborto, se legaliza “la mafia médica” que sostiene un mercado negro con el cual se trafican medicamentos y/o remedios que van desde los 300 hasta 8 mil pesos para realizarse un aborto en condiciones de inseguridad y clandestinidad, sin embargo cuando se tienen recursos se puede acceder a un aborto seguro desde los 35 mil hasta 55 mil pesos en diversos hospitales privados y clínicas clandestinas en cualquier parte de la entidad. Lo que contribuye a que la mortalidad materna por aborto sea un asunto de discriminación por pobreza y no de acceso a derechos.
Es evidente que no han pensado que también autorizan los feminicidios ya sea por maternidad forzada o interrupción obligada por parte de la pareja, al pasar por encima de las decisiones de las mujeres. Así como también fomentar el castigo hacia las mujeres a través de la violencia institucional cuando las dejan morir desangradas por no brindarles la atención. Situaciones que dejan en claro que las mujeres valen no por ser mujeres o ciudadanas sino porque son madres por obligación aunque detrás haya una violación de un familiar o desconocido o bien un acto de violencia cualquiera que este sea.
En este mundo real, lo anterior son prácticas constantes y no se criminalizan, son permitidas, toleradas y protegidas para que quienes las comenten que casi siempre son -hombres- porque su omisión e irresponsabilidad ni si quiera tiene una sanción penal ni social.
Esta aborrecible iniciativa no es solo propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional sino también de las demás fracciones de los partidos que con su falta de oficio y su incomprensión sobre los derechos humanos de las mujeres es que pueden plantearse iniciativas como estás, ya que esto no es pluralidad ni democracia sino la ausencia de un código de ética y control interno que permita desechar iniciativas basadas en la entelequia y en contra de los derechos humanos de las mujeres. Es momento de preguntarles ¿Hay acaso una agenda legislativa en materia de defensa de los derechos humanos de las mujeres? ¿Qué paso con la armonización jurídica de los marcos normativos en materia de derechos humanos de las mujeres? ¿Hay acaso alguna iniciativa para que se active la Alerta Alba coordinada con la Alerta Amber que consiste en la búsqueda de las mujeres desaparecidas que del período 2008 al 2015 iban 209 mujeres desaparecidas? ¿Qué hay de los procesos de investigación de los asesinatos y/o feminicidios de las más de 850 mujeres del período 2006 al 2015? ¿Qué avances ha tenido la solicitud de la Alerta de Violencia de Género? ¿Qué apoyos están recibiendo esos hijos/as en la orfandad al ver asesinada a su madre por parte de su padre? ¿Cuál es el mecanismo de protección institucional que reciben esos niños y niñas legalmente para que no se vayan a vivir con la familia del asesino y/o feminicida? ¿Qué calidad de la atención recibieron las más de 36,159 mujeres atendidas por aborto del período 2008 a julio del 2015? ¿Alguien sabe si tenían acceso a métodos anticonceptivos y si estos funcionaron o no? ¿Se les garantizó un trato digno, atención psicológica o bien se les dio acceso a la pastilla del día siguiente a las más de 92,739 mujeres que fueron atendidas en el sector salud por violencia sexual del período 2010 a julio de 2015?
Por lo que exijo, exigimos con todo respeto, a esta Legislatura, que dé a conocer cuál es la agenda de trabajo en materia de género y derechos humanos, fije su posición al respecto, y que suba el nivel de las propuestas y la discusión, ya que hasta el momento hay poco diálogo con las feministas, las mujeres y con la ciudadanía en general, ya que es mucho dinero el que nos cuestan para que todavía nos quieran criminalizar.
Y desde aquí les decimos a las mujeres michoacanas que tienen derecho a interrumpir su embarazo bajo las siguientes excluyentes de delito, las cuales son: Dentro de las primeras doce semanas cuando el embarazo sea resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida, de una procreación asistida no consentida o precaria situación económica. Estas causas deberán de encontrarse debidamente justificadas; De no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud; Cuando el producto presente una malformación grave en su desarrollo, según dictamen médico; y, sea resultado de una conducta imprudente de la mujer embarazada. Los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, con la finalidad de que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. Y a título personal y como Humanas sin Violencia, A.C. aquí estamos y seguiremos acompañándolas en su derecho a decidir.
