- El trabajo de contabilizarlas rebasa el poder de las instituciones, afirma especialista en el Encuentro Biopolítica y Necropolítica en América Latina.
En México es incierto el número de fosas que hay. Las cifras reveladas por organismos públicos podrían ser la punta del iceberg del problema a lo largo del país, sugirió la maestra Alejandra Rivera Quintero, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
La académica participó en la mesa “Desaparición forzada”, en el Encuentro Biopolítica y Necropolítica en América Latina, que tiene lugar en la Sala de Usos Múltiples, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), campus Belenes, de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), de diciembre de 2006 a enero de 2017 se encontraron 280 fosas clandestinas, y datos más recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reportan mil 306.
Las cifras que ambas instituciones reportan no necesariamente evidencian un crecimiento en el número de fosas, porque podrían no ser equiparables. Una primera limitante al investigar es la falta de información sistematizada al respecto. El trabajo de contabilizarlas rebasa el poder de las instituciones, resaltó Rivera Quintero.
Por la imposibilidad de dar datos certeros en el número de fosas clandestinas pordrían ser oscurecidas las dimensiones reales del problema, alertó.
Durante su videoconferencia titulada “Fosas clandestinas: un examen genealógico sobre el dispositivo de muerte”, Rivera Quintero dijo que hay una “desadministración de la muerte” que forma parte de un dispositivo que opera a través del crimen organizado y las fuerzas del Estado.
Agregó que la proliferación de estos entierros clandestinos adquirió particular fuerza en el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, durante la guerra contra el narco.
Señaló que hay cuerpos sin identidad que pueblan el subsuelo, y que nunca se admitirá si el Estado participa o no en esta forma de administración de la muerte.
En el país, de acuerdo con la CNDH, se han exhumado 3 mil 760 cuerpos de fosas clandestinas desde 2007 y hasta agosto de 2018.
El académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), doctor Flavio Meléndez Zermeño, destacó que la desaparición forzada no se relaciona –por parte de los familiares– con la muerte de las víctimas, ya que éstas podrían estar vivas.
“Para ellos, dar por muerto a un desaparecido significa abandonarlo donde quiera que se encuentre”, declaró.
En cuanto al número de desaparecidos, hasta abril de 2018, en Jalisco había 3 mil 362, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Este número constituye 9.27 por ciento de los que hay en todo el país (36 mil 235), afirmó el académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), maestro Víctor Hugo Abrego Molina.
Durante su ponencia “Identificación crítica de la realidad. Interrupción del relato biopolítico sobre las personas desaparecidas en México”, añadió que Jalisco tiene 125 municipios, y de éstos 115 tienen registros de personas desaparecidas.
La doctora Rocío Moreno Badajoz, académica del CUCSH, resaltó que habrá un total de 58 participaciones en el encuentro, de las cuales 14 son virtuales y el resto de manera presencial.
El Encuentro Biopolítica y Necropolítica en América Latina es organizado por la UdeG y por el ITESO, y continuará este jueves 4 de octubre y el viernes 5 de octubre en el CUCSH Belenes.
La inauguración estuvo a cargo del maestro José Alejandro Fuerte, académico del CUCSH.
