BIOECONOMUNDO por Rodrigo Diez de Sollano rodrigodiezdesollano@gmail.com Twitter: @DeSollano
“La corrupción es el mayor obstáculo al desarrollo económico y social en todo el mundo. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se calcula que en los países en desarrollo se pierde debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. Pero la corrupción no solo se lleva el dinero de donde más se necesita, sino que además, debilita a los gobiernos y ello, a su vez, puede exacerbar el problema de las redes de delincuencia organizada y fomentar delitos como la trata de personas, el tráfico de armas y migrantes, la falsificación y el comercio de especies en peligro de extinción.”(1)
La reciente aprehensión en Italia de Tomás Yarrington, exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas y la detención el día de ayer en Guatemala de Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, han puesto nuevamente en la mira de los medios de comunicación y de los ciudadanos comunes y corrientes la corrupción que corroe la sociedad mexicana, haciendo públicos a nivel nacional e internacional algunos de los casos de corrupción de altos funcionarios de México. No significa que antes no había corrupción y que ahora si la hay, simplemente que estamos más atentos a lo que está sucediendo y en las redes sociales estamos utilizando información internacional como la generada en los casos de “Panama Papers” o de “Odebrecht”, además de la información proporcionada por los gobiernos de otros países. Aun así, los casos más relevantes como son los de exgobernadores estatales o de otros funcionarios de alto nivel, siguen sin resolverse y los presuntos responsables están libres, mientras que la colusión entre funcionarios y el crimen organizado es un asunto de todos los días, al grado que lo hemos “normalizado” y ya no nos sorprende.
Todo lo anterior provoca un estado de “devaluación de las leyes” porque tenemos todo un “Sistema Nacional Anticorrupción” (SNA) que NO opera, el cual partió de una reforma a la Constitución Mexicana el 27/mayo/2015 y posteriormente la aprobación de un conjunto de nuevas leyes y de reformas a leyes que incluyeron :
a) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
b) Ley General de Responsabilidades Administrativas
c) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
d) Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
e) Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Mexicana
f) Reformas al Código Penal
g) Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Y afirmo que NO opera el SNA porque el punto de partida para poner en práctica todas las leyes mencionadas es el nombramiento del Fiscal Anticorrupción con el voto a favor de 2/3 de los senadores. El problema es que hasta esta fecha (16/abril/2017) NO se han puesto de acuerdo los senadores y NO tenemos Fiscal Anticorrupción, además de que quedaron pendientes las leyes secundarias del SNA.
La Ley General del SNA establece la participación ciudadana en sus artículos 15 al 18 a través de un Comité de Participación Ciudadana cuyos miembros estarán en su cargo por 5 años y además el Comité Coordinador del SNA será presidido en forma rotativa por un miembro del Comité de Participación Ciudadana.
El “andamiaje legal” del SNA está prácticamente listo, pero falta ponerlo en marcha y además hay que hacer valer el SNA. De nada sirven unas leyes magníficas si no las ponemos en práctica. Y hay que ponerlas en práctica no solamente con los funcionarios o exfuncionarios públicos, también con sus contrapartes en el sector privado que participan en el delito.
La ONU a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) ha publicado un documento llamado “Unidos contra la Corrupción–La Corrupción y el Desarrollo” (1) que entre otros temas, incluye la educación:
“Los ejemplos de corrupción en la educación son abundantes. El fraude académico, por ejemplo, está extendido en muchos países y se considera una amenaza grave a la integridad y la fiabilidad de las titulaciones de enseñanza superior. En el sector de la educación, el despilfarro en la contratación (por ejemplo, en relación con los edificios de enseñanza, costos de mantenimiento falsos y libros de
texto pagados pero que nunca se reciben) salen caros a los contribuyentes. Los profesores absentistas que figuran en la lista de profesores en activo en los colegios son una gran sangría para el gasto público. En consecuencia, el rendimiento académico de los sectores más pobres de la población se ve afectado gravemente y se socava la capacidad del sistema para ofrecer resultados. No obstante, para medir el impacto de la corrupción en la educación no basta con sumar los costos financieros inmediatos.Velar por que los fondos destinados a la educación se inviertan y administren con justicia y transparencia protege el bien más preciado de un país: sus niños. Si los jóvenes creen que el ingreso
en una escuela o universidad y las notas de los exámenes se pueden comprar, el futuro económico y político del país está en peligro y es posible que se consolide una cultura de la corrupción. Tal vez se gradúen alumnos con conocimientos insuficientes, que no podrán contribuir debidamente a la economía y al sector público.”
ONU-Mujeres publicó en 2012 algunas estrategias para eliminar la corrupción, (2) incluyendo:
“Si la percepción del público es que los órganos jurisdiccionales son corruptos, puede suceder que las víctimas no denuncien la violencia o se nieguen a participar en un caso, lo que a menudo conduce a que se retiren los cargos contra el autor. Hay ocasiones para abordar el tema de la corrupción desde el comienzo de la capacitación legal de los estudiantes de derecho, a lo largo de las carreras jurídicas, los procedimientos de selección de jueces y fiscales, los procedimientos de asignación de casos, la mejora de la trasparencia y comunicación de decisiones y costos judiciales uniformizados y bien publicitados. Las estrategias para abordar la corrupción en el sistema judicial incluyen:
La redacción de un código de ética y responsabilidad profesional y estándares de conducta para los actores legales y judiciales en el sistema de justicia. Esto ofrecerá un fundamento para la capacitación, supervisión y atención de reclamos sobre asuntos éticos. Los códigos deben incluir estándares específicos que se aplican en los casos de violencia contra las mujeres y niñas.
…Apoyar un programa a través del cual se requiere a los jueces nuevos que declaren sus bienes y los bienes de los miembros de su familia inmediata en el momento de asumir el cargo, sus bienes son monitoreados periódicamente durante el ejercicio de su cargo como juez y son monitoreados nuevamente en el momento de dejar el cargo. Un organismo independiente debe monitorear estas declaraciones, que deben ser confidenciales si no hay indicios de corrupción. La declaración y seguimiento de activos a lo largo de las carreras judiciales inhibe la corrupción. Un sistema similar para la revisión habitual de activos e ingresos personales debe ser establecido para los fiscales.
Apoyar el acceso del público a todas las decisiones judiciales. En muchos países, no se publican todas las decisiones judiciales o pueden ser publicadas de forma abreviada. Sin embargo, si las decisiones son publicadas, se puede responsabilizar a los jueces por la calidad y coherencia de sus decisiones…
Apoyar el uso de un sistema automatizado de gestión de casos. Los sistemas automatizados de gestión de casos son un método efectivo de eliminar las oportunidades de corrupción y al mismo tiempo incrementar la eficiencia del proceso judicial. Los sistemas automatizados aceleran el proceso, emparejan la carga de trabajo de los jueces y fiscales, salvaguardan los documentos, eliminan la oportunidad de influir en la designación de un juez o fiscal en particular para un caso y crean oportunidades para uniformizar el acceso a la información y los costos judiciales donde correspondan, disminuyendo, por lo tanto, las oportunidades para el soborno de los administradores de los tribunales. A través de estos sistemas se puede disponer inmediatamente de información sobre la situación de procedimientos en curso…”
Dicho en pocas palabras, es urgente la educación en valores como la honestidad y el espíritu de servicio y se requiere establecer sistemas judiciales y administrativos que impulsen y faciliten la práctica de dichos valores.
Teniendo a la vista las próximas elecciones tanto estatales como federales, la sociedad civil debe exigir a tod@s candidat@s que incluyan en su plataforma política la prioridad en la lucha contra la corrupción y también debemos asegurarnos que una vez electos la conviertan en su forma de gobernar sin corrupción…
Fuentes de Información
1. ONU – PNUD – (UNODC) -¿Qué puedes hacer? www.anticorruptionday.org-2017
2. ONU MUJERES-Estrategias para eliminar la corrupción-2012
