HUMANAS

Por Circe López, Directora de Humanas Sin Violencia A.C.

La omisión y simulación que las autoridades federales, estatales y municipales realizan respecto a la ocupación y obligación que tienen que realizar para atender de manera integral la violencia contra las mujeres resulta evidente y preocupante. Y es que son los municipios en donde la violencia contra las mujeres se recrudece y los feminicidios son brutales.

Cada tres años lo que se llegó a avanzar en los municipios en materia de acciones orientadas a sentar las bases para esbozar algunas ideas de lo que puede ser una política pública de género para erradicar la violencia y la discriminación son literalmente sepultadas por la indiferencia y la ignorancia y casi siempre la misoginia y el sexismo de casi todas las autoridades municipales.

Lo cual ha generado a su vez un gran desperdicio de recursos federales que anualmente fluctúan alrededor de los 200 mil pesos hasta los 2 millones de pesos, esto de acuerdo a los apoyos federales a los que accedan y sepan gestionar, ya que los municipios no destinan recursos en estas áreas porque persiste la idea “de que no es importante, las mujeres trabajan gratis y voluntariamente”.

Aunado a esta situación, no existen indicadores que obliguen a los municipios a cumplir con los siguientes aspectos: Espacios dignos de atención, profesionalización del servicios público municipal, generación de sistemas de información diferenciados, así como un sistema de evaluación de la gestión pública y con ello de transparencia, y fundamentalmente el de Gobernabilidad de Género, el cual puede consistir en la evaluación y monitoreo de los siguientes aspectos: Delitos cometidos en contra de las mujeres, Registro de la atención y acompañamientos a las víctimas, Denuncias recibidas y con número de carpeta de investigación, Órdenes de protección otorgadas por el Síndico, y por supuesto programas orientados a erradicar la violencia feminicida y los feminicidios. Aspectos que no fueron contempladas en las nueve observaciones derivadas del Informe de Trabajo para la solicitud de la Alerta de la Violencia de Género para Michoacán a casi un año y medio de la petición.

Y por si fuera poco, cada año desfilan una serie de consultorías y organizaciones sociales civiles “expertas en género” quienes reproducen una serie de prácticas en las que presionan y hasta coaccionan -cual mafias- a las encargadas de las instancias municipales de la mujer para que firmen contratos en los cuales se comprometen a contratarles para que “simulen y hagan” proyectos relacionados con la transversalidad de género, pero que en realidad lo que hacen es envilecer, ridiculizar y denostar la seriedad del trabajo que dignamente realizan diversas organizaciones que tomamos seriamente las cuestiones de género. Y es que estás organizaciones también negocian con los presidentes municipales el desvió de los recursos que están orientados a las mujeres en los municipios, quedando en el “60-40”, 60% para los presidentes municipales y “40%” para las organizaciones para que simulen que se hace algo e integrar informes que no existen y acciones que nunca se llevaron a cabo.

He tenido la oportunidad de comprobar que los municipios contratan  a personas que en su curriculum jamás han realizado estudios de género y de prevención de la violencia contra las mujeres, por el contario contratan a una especie de “mercaderes” que reproducen un discurso misógino, violento y sexista contra las mujeres, envolviéndolas en una serie de consignas y gritos con los cuales pretenden “desprogramar” a las mujeres para que se miren hermosas, bellas, guapas, inteligentes, sexys, etc. como si la violencia fuera un asunto que ocurre por no serlo, lo cual es grave y debería considerarse un delito porque reproduce justamente los estereotipos de género y agrava la violencia contra las mujeres. Además de fomentarles la “resignación” de que si no cambian es porque ellas no quieren, es decir la violencia es culpa de ellas.

No podemos dejar pasar que los últimos feminicidios se han acrecentado o bien ignorado en los municipios como si esto no fuera su responsabilidad, como también la es de los jueces y las juezas que se resisten a comprender la implicación que tienen al no juzgar con perspectiva de género, las injusticias que todos los días nos cuentan las mujeres que quieren recuperar a sus hijas e hijos retenidos con un absurdo delito que se denomina “retención ilegal de menores” el cual no es grave aunque en su mayoría son los padres quienes se llevan a los hijos e hijas de los propios centros de convivencia del Poder Judicial, y que las reformas y armonizaciones en materia de derechos humanos de las mujeres duermen el sueño de justos en el Poder Legislativo.

La violencia contra las mujeres que puede culminar en feminicidios ocurre porque justamente los antecedentes de la misma no fueron registrados ni considerados por sus autoridades, los cuales no solo ignoran sino reprenden a las mujeres para callarse, dejándolas a merced de los agresores quienes las asesinan brutalmente, hace falta visibilizar que las autoridades municipales son las primeras responsables en la atención a la violencia, su omisión es violencia institucional, incluyendo la ausencia de recursos para su atención integral, resulta preocupante la negligencia de su responsabilidad sea delegada a lo estatal convirtiendo esta situación en un cuento de nunca acabar porque en realidad -el círculo de la violencia- está  justamente ahí en la administración pública municipal, estatal y federal, su inoperancia se manifiesta en los feminicidios, la ingobernabilidad de género se alimenta de la ausencia de una política pública que se traduzca en un programa estatal y municipal en diversos niveles de atención considerando la interseccionalidad que agrava o puede incidir en el agravamiento de la violencia.

Recordemos que la violencia contra las mujeres es un asunto de todas y todos, la violencia contra las mujeres no es normal, no es natural, no es destino. La violencia contra las mujeres es un reflejo del odio y el profundo desprecio por quienes somos más de la mitad de la población.