Evasión Fiscal criminalización
  • La obligación de recaudar no puede llevarnos al extremo de criminalizar la evasión de esta obligación fiscal, la propia constitución lo prohíbe,.

La actual reforma fiscal tiene como propósito combatir la evasión de impuestos, sin embargo, en algunos casos las medidas que se aprobaron y que incrementan las facultades de las autoridades son excesivas, consideró Óscar Adrián Fabián Barajas, doctor en Ciencias de lo Fiscal. 

“La obligación de recaudar no puede llevarnos al extremo de criminalizar el incumplimiento de una obligación de carácter económico, la propia constitución lo prohíbe, no podemos ser privados de la libertad por deudas de carácter económico”, señaló el también egresado de la Licenciatura en Derecho del ITESO durante la conferencia “Retos fiscales y económicos 2020”, en la que también se presentó la nueva Especialidad en Impuestos con Responsabilidad Social.

El ponente enfatizó que el tema es lo suficientemente grave para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presente una acción de inconstitucionalidad ante el planteamiento de que el delito de compra y venta de facturas que rebasen los 7 millones 804 mil 230 pesos se considere delincuencia organizada. Aclaró que los crímenes de la delincuencia organizada son de alto peligro para la ciudadanía, como el secuestro, el terrorismo o la trata de personas. 

“Cuando la autoridad te dice que va a presentar una denuncia por delincuencia organizada difícilmente un contribuyente va a poder defender su derecho por el temor de ir a la cárcel”, dijo, y apuntó que si las autoridades consideran que se cometió una defraudación fiscal se tendría que resarcir el daño. 

“Podríamos ir a la cárcel por delitos fiscales, pero no por delincuencia organizada. En el primero de los casos podemos resarcir; en el segundo de los casos, aunque hagamos resarcimientos, permaneceremos privados de la libertad. Ese es un extremo que no debe permitirse en un Estado de derecho”.  

Rodolfo Servín Gómez, también doctor en Ciencias de lo Fiscal, agregó que a los legisladores se les vendió muy fácilmente la reforma porque sería una herramienta para atacar la compra-venta de facturas que significan 594 millones de pesos de evasión fiscal al año. 

Los efectos de que se considere delincuencia organizada es que “se te da trato de enemigo, se te quitan todos los derechos fundamentales que consagra la constitución y sin mandato de juez pueden intervenir tus llamadas telefónicas, tus mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y usar la geolocalización para encontrarte”. 

Servín señaló que la nueva administración se puso como objetivo el combate a la corrupción. Los programas sociales cuestan aproximadamente 500 mil millones de pesos y los ingresos del país llegan por tres vías: la tributaria, la petrolera y por adquisición de deudas. Las dos últimas no son las principales fuentes puesto que el petróleo se ubica por debajo de 43 dólares por barril y porque existe la promesa de no aumentar la deuda pública. 

“¿Cuál es la manera en que va a cumplir ese objetivo de su gasto social? Evidentemente aumentando la recaudación, pero sin cambiar los impuestos. ¿Cómo sería? Haciendo más eficientes las herramientas de fiscalización, de tal manera que hoy vamos a ver estas disposiciones, esos cambios principales que tienden a incrementar la recaudación por medio de mayor fiscalización”,  dijo Servín al explicar las circunstancias que motivaron la reforma. 

En la conferencia también participaron Ulises Martínez Navarro, maestro en Análisis Tributario e integrante del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, y Alfonso Navarro Benavides, coordinador de la Especialidad en Impuestos con Responsabilidad Social, que comenzará a impartirse en agosto próximo en esta casa de estudios. 

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