Por Guillermo Valdés Castellanos*

Joaquín Guzmán Loera nació y creció inmerso en la cultura del narcotráfico. Cuando se inició en el negocio –en los setenta— la organización de Sinaloa –de hecho era una corporación monopólica— dominaba la industria del narco,la cual operaba bajo las reglas del juego establecidas por los agentes del Estado. Esas normas, parte fundamental de la narcocultura, eran simples: tolerancia y protección estatal a cambio de obediencia, pagos generosos y la menor actividad delictiva (incluida la violencia) posible en territorio mexicano. En concordancia con lo que ocurría en el país, para el narco fue un periodo de crecimiento con estabilidad.

Cuando Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en 1989, la corporación se fragmentó en los cárteles de Tijuana, Juárez, Golfo, Pacífico, etc.  Entonces los nuevos líderes de las organizaciones, entre ellos el Chapo, supieron que las reglas del juego ya no serían las mismas. En primer lugar, al desaparecer la tutela que sobre esa industria ejerció la Dirección Federal de Seguridad y que mediaba los conflictos en su interior, ahora ellos solos tenían que definir normas básicas de convivencia (división de territorios y pago de tarifas por uso de plazas ajenas; límites al uso de violencia, como no asesinar familiares ajenos al negocio, etc.). De no hacerlo, la alternativa era entrar a un estado permanente de conflictos violentos. Hasta que el más fuerte se impusiera y fijara sus reglas.

Hicieron el intento. En una reunión en Acapulco realizada en 1989, todos los líderes de la extinta corporación sinaloense se dividieron las plazas y pusieron reglas y tarifas por el derecho de piso (usar un territorio ajeno para introducir droga a E.U.), entre otras.

La historia del ascenso del Chapo no es ajena a su osadía para no cumplir las reglas del negocio y tratar de imponer las suyas. Jesús Blancornelas, quien dedicó gran parte de su vida periodística a desentrañar el cartel de Tijuana de los Arellano Félix, identificó el origen de la guerra entre éstos y el Chapo en la violación del derecho de piso establecido entre las organizaciones de entonces. Si alguien que no fuera Arellano Félix quería introducir droga a EU vía Tijuana, tenía que pagarles por el uso de la plaza. La gente del Chapo y del Mayo Zambada llegó a deberles a los Arellano más de 20 millones de dólares por ese concepto, según Blancornelas. No habían pasado ni tres años del acuerdo de Acapulco y el Chapo ya lo había reventado.

Una vez que se fugó de Puente Grande y retomó el liderazgo de su organización, quiso apoderarse de otra plaza ajena por la vía de las armas, esta vez del Golfo, Nuevo Laredo (¿Pagar derecho de piso? ¿Por qué?) Era 2001. En 2004 estalló el conflicto con los líderes de Juárez, los Carrillo, y la razón al parecer fue la misma: la negativa del Chapo a pagar por el uso de esa plaza. Enojado por el abuso, Vicente Carrillo mandaría matar a varios miembros de la organización de Guzmán Loera, uno de ellos muy cercano a éste. En venganza, El Chapo mandó matar a Rodolfo, hermano de Vicente y unos meses después un hermano del Chapo, el Pollo Guzmán, también es despachado al otro mundo a pesar de estar encarcelado en Almoloya.

Eso acredita que Joaquín Guzmán no creyera en acuerdos y reglas de convivencia entre organizaciones, sino en la ley del más fuerte (sus conflictos con Tijuana, Beltrán Leyva, Juárez, Golfo-Zetas, provocaron, según la contabilidad oficial del gobierno anterior, más de 60 por ciento del total de los asesinatos). Eso hizo de Sinaloa la organización más violenta en el rubro de homicidios.La pretensión hegemónica casi sin límites.

En cambio, el Chapo sí mantuvo la regla de no mezclar exportación de drogas con delitos que afecten a la sociedad donde operan. No impulsó el consumo interno, no permitió que sus sicarios extorsionaran y secuestraran.  Normas que venían del viejo acuerdo. La cercanía entre narcotráfico y sociedad en Sinaloa es muy estrecha: ¿por qué y para qué atacarla de la manera como lo hacen los Zetas? Ese cuidado con la gente de Sinaloa principalmente, le aseguraba un nivel de simpatía social considerable, que además facilitaba la construcción de redes de protección (que la gente no denunciara su presencia era de un alto valor estratégico).

Todo parece indicar que el Mayo Zambada se mantendrá al frente de la organización. Lo que es menos claro es si con la detención de Guzmán Loera también se termina su modelo de hacer negocio: muy agresivo hacia sus competidores y enemigos; centrado en el narcotráfico y sin actividades delictivas colaterales para no afectar a la población.

La pregunta es pertinente por dos razones. La primera y decisiva es si el Mayo (o quien se quede con el liderazgo) continuará con la política belicosa y agresiva cuyo propósito es devolverle a Sinaloa el dominio del negocio mediante el sometimiento del resto de organizaciones o si, ante el desgaste de todos, buscará un nuevo acuerdo (no con el Estado; esperemos) sino entre las organizaciones, que permita una convivencia pacífica o menos violenta y costosa. Juan José Esparragoza, el Azul,  podría hacer valer sus dotes de mediador. Sería un segundo intento, como el de 1989, después de una década y media de balazos indiscriminados, que no ha dejado nada bueno, ni para ellos.

¿Será posible que los tres sobrevivientes de esa generación de líderes (Mayo, el Azul y Vicente Carrillo; el resto está muerto o encarcelado) que supieron y conocieron del pacto de estabilidad y crecimiento tengan la visión y habilidad para intentar acordar reglas del juego más racionales para su industria?

La segunda razón es que el inevitable y avanzado relevo generacional de liderazgos del narcotráfico mexicano conduzca a una cosa peor. Que se adopte la mitad del modelo del Chapo –máxima agresividad contra los competidores hasta someterlos— y se cambie su otro componente (el cuidado de la sociedad) por el modelo de los Zetas: diversificación criminal para extraerle a la sociedad y al Estado las rentas sociales y públicas. Basta ver las fotos de algunos de esos nuevos líderes en las redes sociales, para preocuparse por la racionalidad de las nuevas reglas del juego.

Guillermo Valdés Castellanos. Licenciado en Ciencias Sociales. En 2012 fue investigador de la Fundación Ortega y Gasset. De enero de 2007 a septiembre de 2011 fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Autor del libro Historia del Narcotráfico en México.

Texto publicado originalmente el 25 de febrero de 2014 en la revista Nexos.